Los ya devastados herederos legales de la víctima fallecida del incidente automovilístico en el que se ve implicado un transporte del gobierno, por el momento no tienen que correr de un pilar a otro para conseguir una indemnización que se les niega en el lote del transporte del gobierno que participa en el llamado deber soberano y de esta forma reclamar la inmunidad soberana que es un criterio arcaico. Ningún país civilizado en este planeta que se asegura fundado en las nociones del Estado de confort, elude su compromiso hacia las víctimas de accidentes y sus herederos legales que involucren su transporte en el lote que estaban cumpliendo con un deber de gobierno, entonces, con derecho a accionar de algún forma que sea soberano. Ningún sistema jurídico de hoy puede situar al Estado por arriba de la ley, dado que es injusto e injusto que un ciudadano sea privado de su historia o de sus bienes ilegalmente por un acto negligente de empleados u oficiales del Estado sin ningún recurso. El Gobierno y su funcionario tienden a denegar su compromiso hacia la víctima pobre o la víctima legal heredera del acto negligente del Estado, invocando la inmunidad soberana, exponiendo su desidia hacia las víctimas, lo que refleja la forma de pensar medieval del Raj de Inglaterra. El Tribunal de Reclamaciones por Accidentes de Automóvil otorgó la indemnización a la viuda pobre cuyo marido murió en un incidente provocado por el Transporte de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea interpuso un recurso frente el Tribunal Superior de Justicia en el sentido de que no está obligada a abonar indemnización porque su transporte ejercía una utilidad soberana, alegando reiteradamente en repetidas oportunidades que numerosos departamentos de los gobiernos rechazaban su compromiso hacia la víctima del incidente. El abogado Neeraj Aarora tomó la noble causa de pelear por la justicia para la pobre dama pro bono y representó a la pobre dama en el Tribunal Superior de Delhi contra el accionar poco responsable de la Fuerza Aérea. El abogado Neeraj Aarora argumentó extensamente la dicotomía entre las funcionalidades soberanas y no soberanas, citando sentencias resaltadas del Tribunal del Ápice y de numerosos tribunales superiores, lo que revela que la doctrina de la inmunidad soberana no posee aplicación en lo relacionado a las reclamaciones de indemnización en virtud de la Ley de transportes automotores. El Honorable Juez J. R. Middha, tomando nota de la considerable cuestión constitucional de que si la “Doctrina de la inmunidad soberana” está utilizable para vencer la demanda de indemnización en virtud de la Ley de transportes de motor, 1988 nombró a Amicus Curie y además pidió al Fiscal General Agregada para asistir en la situacion. Las personalidades jurídicas aseguraron que la Ley de transportes de motor de 1988 era una ley particular y que no se había predeterminado ninguna distinción en el estatuto en relación al uso de transportes gubernamentales para objetivos de defensa. Además se alegó que la doctrina de la inmunidad soberana no poseía cabida en la Jurisprudencia india, citando la sentencia del Hon’ ble Apex Court in State of Rajasthan contra Vidyawati, AIR 1962 SC 933. Dicho inicio fué reiterado por el Tribunal Supremo en un enorme conjunto de elecciones y en una de ellas, el criterio fue descrito como “obsoleto y arcaico”. Además de las sentencias del Tribunal Supremo, hay un número destacable de sentencias de distintos tribunales superiores que han rechazado la distinción de inmunidad soberana. La doctrina de la inmunidad soberana se apoya en la supremacía de la monarquía de la Inglaterra. En la India, que es una democracia parlamentaria gobernada por la Constitución, no hay semejante al monarca. El Honorable Juez J. R. Middha tomó nota de los argumentos formulados contra los principios ilógicos de la inmunidad soberana, que reflejaban la desidia del Estado hacia las pobres víctimas del incidente de los transportes gubernamentales, y visualizó con razón que no era favorable que el Estado se amparara en el inicio de la inmunidad soberana para eludir la compromiso por las secuelas de la desidia de sus gobernantes. No obstante, antes de anunciar un veredicto final sobre la cuestión, el Honorable J. R. Middha, teniendo en cuenta las implicaciones adversas del gobierno que eleva la súplica de inmunidad soberana en las reclamaciones bajo la Ley de Transportes Motorizados de 1988, más allá de que se demostró precisamente y con toda claridad que

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